Con la excusa de Malvinas, el gobierno avanza con una ley que podría habilitar la persecución a opositores
La causa Malvinas, uno de los pocos consensos históricos capaces de atravesar las divisiones políticas argentinas, volvió a ser colocada por el Gobierno de Javier Milei en el centro de la escena. Pero detrás del discurso de defensa de la soberanía aparece un proyecto de ley que incorpora herramientas de seguridad, inteligencia y persecución penal que ya despiertan fuertes cuestionamientos por su potencial para ser utilizadas contra opositores.
La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, fue enviada por el Ejecutivo al Congreso y presentada oficialmente como un instrumento destinado a proteger los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y a enfrentar amenazas externas. La propia Casa Rosada sostiene que busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en los territorios reclamados por Argentina.
Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de la cuestión territorial.
Malvinas como paraguas para ampliar el poder del Estado
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inscripción en ese registro no requeriría que exista previamente una causa penal. La UIF podría disponer la inclusión de una persona o entidad ante la existencia de “motivos razonables para sospechar” una vinculación con actividades terroristas o proliferación de armas de destrucción masiva.
Las consecuencias serían inmediatas: congelamiento de fondos y activos, restricciones para realizar operaciones financieras e impedimentos para contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios públicos.
Aunque posteriormente intervengan el Ministerio Público Fiscal y un juez federal, el mecanismo abre un interrogante central: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para sancionar a una persona antes de que exista una condena judicial?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia cuando el mismo proyecto incorpora nuevas figuras penales relacionadas con la supuesta manipulación de la opinión pública.
Hasta 12 años de prisión por “desinformación”
El proyecto propone incorporar al Código Penal un nuevo artículo para castigar a quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, desarrollen actividades destinadas a alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Las penas podrían llegar a 12 años de prisión, y aumentar hasta 15 años cuando existan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. El problema está en la amplitud de conceptos como “manipular la opinión pública” o “desinformación masiva”. Sin definiciones suficientemente precisas, la norma podría generar un amplio margen de interpretación.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió precisamente sobre ese riesgo y sostuvo que la redacción podría permitir que determinadas conductas de personas vinculadas con procesos electorales sean interpretadas como una forma de injerencia extranjera.
El peligro de convertir la disidencia en una amenaza
La preocupación de fondo no pasa solamente por lo que la ley dice que pretende perseguir, sino por cómo podría utilizarse una vez sancionada. En democracia, criticar al Gobierno, cuestionar sus políticas, denunciar irregularidades o participar de una campaña política no debería confundirse con una amenaza contra la soberanía nacional.
Pero cuando se incorporan al Código Penal expresiones tan amplias como “manipulación de la opinión pública” o “desinformación masiva”, el límite puede volverse peligrosamente difuso.
Un Gobierno que pide unidad mientras endurece el control
Milei pidió a toda la dirigencia política que otorgue “máxima prioridad y celeridad” al proyecto y llamó a dejar de lado otras discusiones para concentrarse en la defensa de la soberanía. La Casa Rosada justificó el pedido señalando que las medidas adoptadas en el pasado fueron “insuficientes e ineficaces”.
Pero la convocatoria a la unidad alrededor de Malvinas convive con una propuesta legislativa que amplía considerablemente las herramientas de seguridad e inteligencia del Poder Ejecutivo.
El proyecto contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional, que articularía funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa e inteligencia.
En otras palabras, detrás de la defensa de una causa nacional aparece una profunda reorganización de las herramientas con las que el Estado puede intervenir frente a lo que considere una amenaza.
Fuente Agencia Nova
